01/03/2011 | El fin de la Oncca dejó un vacío legal

El final de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), decretado el viernes por el Gobierno, no sólo sorprendió a muchos, sino que abrió una serie de interrogantes a los empresarios del mercado agropecuario; por ejemplo, dónde gestionar las inscripciones para operar o cuándo se volverán a pagar las compensaciones.

Así las cosas, a la fecha de hoy no habría lugar adonde canalizar los trámites que antes manejaba el organismo eliminado. "La Mesa de Entradas de la ex Oncca no está recibiendo nada, porque se considera que hay un vacío legal y que no corresponde seguir recibiendo documentación. Así que se derivarán los trámites a Agricultura, que probablemente los rechazará porque aún no tiene conformada la estructura para absorber las atribuciones de la Oncca", dijo una fuente del organismo suprimido.

Un operador del mercado de carnes, que pidió mantener su identidad en reserva, confirmó esta versión. "De hecho, si uno va a lo que era la Oncca, están todas las oficinas cerradas y nadie recibe ningún trámite. Y si uno tiene que hacer una nota, ni siquiera sabe si dirigirla al Ministerio de Economía, al de Agricultura o a la Secretaría de Comercio Interior. Estamos en un limbo legal", relató.

El vacío legal también generó problemas a algunos exportadores, particularmente los de productos perecederos, como la carne. "Todas las semanas hay embarques de carne. Pero, a partir del jueves, se congelaron los permisos. De modo que el que pensaba hacer un embarque esta semana ya está perdiendo plata, porque cada día que pasa el producto pierde frescura y valor económico", destacó un exportador.

Si bien los operadores de granos dijeron no tener problemas con los ROE para los envíos al exterior, sí admitieron que el viernes, día en que se conoció la noticia de la eliminación de la Oncca, hubo mucha preocupación en las empresas y algunos problemas operativos. "Hubo algo de alarma porque no se podían concretar algunas gestiones entre la Aduana y la Oncca, porque esta última había dejado de existir. Pero eso se solucionó", dijo una alta fuente del sector, que acotó que no cree que la supresión del organismo acarree problemas a la industria cerealera.

Otra de las grandes dudas que hay entre los operadores es qué pasará con el cobro de las compensaciones a los agroalimentos, que benefician, entre otros, a faenadores avícolas y molinos harineros. Hasta ahora, ni los beneficiados ni el Gobierno parecen saber cómo se reacomodará este sistema y cuándo se empezarán a cobrar de nuevo las compensaciones, que ya de por sí se pagan con atrasos importantes, de entre tres y nueve meses.

Incertidumbre
De acuerdo con la información que se maneja tanto en la ex Oncca como en Agricultura, si bien las atribuciones del organismo eliminado pasaron a la cartera agrícola, en principio el manejo diario de los permisos de exportación y las compensaciones quedarían en manos de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, creada el viernes bajo la órbita de los ministerios de Economía, Agricultura e Industria y la Secretaría de Comercio Interior. El día en que esta unidad empezará a funcionar es otro misterio en los pasillos oficiales.

A todo este panorama, se suma la incertidumbre que rodea al futuro de los empleados de la ex Oncca, incluido su propio presidente, Juan Manuel Campillo. "Domínguez [Julián] nos prometió la continuidad de las fuentes de trabajo, pero nosotros propusimos crear un comité para hacer una transición ordenada", dijo uno de los empleados de la ex Oncca, que ayer hicieron una asamblea en el patio del edificio del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, según operadores del mercado, la idea original en el Gobierno era transferir el poder de la Oncca a manos de Guillermo Moreno. Luego, debido a la puja interna entre Moreno y Domínguez, se habría decidido repartir su manejo entre ambos funcionarios y el ministro de Economía, Amado Boudou. "Al parecer, por una vez, Domínguez se impuso y se queda con una parte de la Oncca", dijo el operador.



Fuente: La Nacion